viernes, 22 de mayo de 2009


Vamos con el Acuerdo

jueves, 21 de mayo de 2009


El Dr. Juan Manuel Cassella, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, conjuntamente con el Dr. Juan Vicente Sola presentando el libro "La Institucionalidad en los Procesos de Integración", de mi autoría, que me publicara la Librería Editora Platense

Algunas Propuestas para la Provincia de Buenos Aires, para ir leyendo, criticando y aportando

- Recuperar la Provincia para los Bonaerenses, nuestras necesidades no pueden ser subordinadas a lo que se requiera a nivel nacional (Cristina, Scioli y Kirchner no les interesa la Provincia, más que como un trampolín)
- Sanear la economía de la Provincia a partir de exigir que se coparticipen impuestos que el Gobierno Nacional no distribuye, como el impuesto al cheque y las Retenciones a las exportaciones.
- Parar el saqueo que viene produciendo el gobierno de Scioli sobre el Instituto de Previsión Social del que usó para gastos corrientes Mil cuatrocientos millones de pesos que deben ser utilizados para aumentar a los Jubilados Provinciales.
- Alertar sobre el avance sobre las Cajas de Jubilaciones de los Profesionales de nuestra Provincia en las que ubicaron un Bono para hacerse de recursos, afectando derechos constitucionales de aquellos profesionales que aportan a Cajas especiales y las futuras jubilaciones de estos profesionales.
- La Provincia de Buenos Aires debe tener un Plan de Desarrollo Integral del Territorio, que implique construir cadenas de valor que enlace las potencialidades del campo con sectores industriales y fomenten la creación de empleo. La ocupación sustentable del territorio debe darse en este marco, desincentivando la migración interna que concluye en los bolsones de necesidades en los que se transforma el conurbano.
- En materia de Seguridad debemos aportar a un plan que abarque a todas las problemáticas vinculadas a este flagelo, nos oponemos a los discursos de “mano dura”, de igual forma que advertimos que la actual política de “dejar hacer” a la policía tampoco es la adecuada. Sólo con políticas de compromiso de combatir la inseguridad se podrá comenzar a reducir los niveles actuales de delitos:
- 1.- Desde lo estratégico debemos proveer a una sociedad con mejores niveles de integración y distribución del ingreso. Las sociedades con menos desigualdad son las más seguras. Una sociedad que no otorga perspectivas para una parte de sus integrantes no provee incentivos para compartir sus regulaciones.
- 2.- Pero en forma inmediata debemos aportar decisión política para terminar con la connivencia con el delito. Nuestro conurbano está atravesado por la droga, y ello tiene la complicidad de una parte de la dirigencia política y de la policía. Es con decisión política que esa línea de complicidades se tiene que terminar. Los cuerpos de policía deben capacitarse y dotarse de los elementos imprescindibles para realizar correctamente con su trabajo, pero no es un problema de patrulleros o armamento como esto se resuelve. Ver nota de Marcelo Sain en Clarín del 28 de abril de 2009 (yo soy opositor, él no).

Diario Clarín, 28/04/2009. La inseguridad reclama menos ingenuidad política

No es sensato creer que la Policía puede combatir el delito con sólo dotarla de patrulleros y motocicletas, pero sin introducir cambios profundos de pensamiento y conducta.
Por: Marcelo Sain
INVESTIGADOR Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES


Que la clase política argentina tiene repulsión por apropiarse de los asuntos de la seguridad pública no es ninguna novedad. Tampoco lo es que los gobernantes desistan de ejercer democráticamente el "gobierno" de estos asuntos al poco tiempo de iniciar sus mandatos.
Las derechas -peronistas y no peronistas-, porque postulan sin miramientos darles todo el poder a las policías y endurecer las normas penales, en particular, contra los pobres a los que identifica como fuente del delito. Y las izquierdas o el progresismo -peronistas y no peronistas- porque temen a las policías y creen que todo es resultado directo de la marginalidad y la desigualdad social y, por ende, proclaman ilusoriamente que sólo hay que esperar la reforma de la sociedad.
Nada nuevo al respecto.Lo novedoso en la actual coyuntura está dado por la forma cómo los dirigentes y funcionarios -en general, no pertenecientes al ámbito de la seguridad- han secuestrado a las condiciones sociales y a la política de la discusión de estos asuntos. Además de las menciones episódicas y genéricas a las condiciones sociales de la criminalidad -por cierto, hechas sin discriminar entre las diferentes formas de delincuencia y las distintas causas de las mismas-, sólo se remiten a postular la necesidad de reforzar la capacidad de acción de las policías.
Y caen en el recurrente gesto de entregar patrulleros, motocicletas, cámaras de seguridad y utensilios varios abocados a la "lucha contra los delincuentes", según afirman con énfasis. El discurso y la acción institucional sólo se remiten a postular, de facto, que el único y principal recurso de control de los delitos es la policía, dando forma a una suerte de populismo penal de corte policíaco.
Pero en medio de este escenario casi belicista y propio de los idus históricos de las derechas, despuntan algunos vacíos conceptuales e ideológicos llamativos, al menos para quienes intentan justificar sus trayectorias políticas en las reiteradas menciones al pueblo, en la justicia social y en la reforma política.
Nada se dice acerca de la necesidad de llevar a cabo estrategias amplias y diversificadas de prevención social -no penal- de la violencia y el delito que apunten a abordar, resolver o reducir -en la coyuntura y en el mediano y largo plazo- las situaciones de riesgo o gravedad de las mismas y las condiciones culturales, económicas e institucionales que determinan o favorecen aquellas problemáticas.
Fundamentalmente, en todo lo atinente a los niños y, en particular, a aquellos que se hallan en conflicto con la ley y a los menores que delinquen. Si, como dicen, la pobreza produce delincuentes, ¿por qué no se llevan a cabo programas y políticas específicamente orientadas a tratar las condiciones sociales que favorecen los delitos? ¿Qué cataclismo estructural imposibilita que se elaboren programas de gobierno dirigidos a impedir que los menores pertenecientes a estratos sociales altamente marginalizados sean socialmente incluidos a través del delito y de redes criminales casi siempre reguladas policialmente? ¿Por qué se inclinan con tanta rapidez a colocar recursos en las policías -lo que es necesario- al mismo tiempo que se perdieron los reflejos sociales para elaborar amplios programas de prevención social de la violencia y el delito?
Tampoco se dice nada acerca de la necesidad de producir profundas reformas policiales tendiente conformar nuevas policías estrictamente ajustadas a la democracia y a la protección de las personas.
La mayoría de nuestras policías están atravesadas por defectos y fallas institucionales graves, sus organizaciones son anacrónicas y vetustas, y desempeñan deficientemente la única función que justifica su existencia: el control del delito. Aun así, en su interior, se combinan cosas buenas y malas. Hay destrezas orientadas eficientemente al cuidado de las personas, a la resolución de conflictos y a la prevención, conjuración e investigación de los delitos. Pero también se extienden prácticas signadas por los abusos y arbitrariedades en el uso de la fuerza, se reproduce la corrupción institucionalizada y se reiteran diversas modalidades de protección de actividades criminales -narcotráfico, trata de personas, robo de vehículos, bandas de pibes chorros-.
En nuestras instituciones policiales hay muchísimos integrantes como el teniente Aldo Garrido, un policía honesto, eficiente y guiado por una probada vocación de servicio a la comunidad, pero sólo están en sus bases, trabajando en las calles por un sueldo casi de miseria y arriesgando cotidianamente sus vidas. En cambio, en las cúpulas no hay Garridos. En éstas sólo campean los aires conservadores y continuistas.En consecuencia, ¿es progresista postular que estas instituciones pueden dar cuenta de las complejas problemáticas de los delitos si tan sólo se las equipa con nuevos patrulleros y motocicletas, pero sin que se les introduzcan cambios profundos? ¿Puede primar todavía la ingenuidad política de creer que las cúpulas policiales autistas encabezarán procesos de autoreforma y autodepuración? ¿Se debe tener mucha imaginación para dar cuenta de que la única condición política para una reforma policial es que sea conducida políticamente?
La justicia social y el reformismo institucional fueron dos signos distintivos de los sectores políticos que han representado a las mayorías populares en la historia argentina. Ambos signos fueron salvajemente ultrajados por los gobiernos autoritarios de todos los colores. Los gobernantes de los 90 también participaron sin escrúpulos de ese ultraje.
A la luz de ello, los vacios actuales resultan incomprensibles y asemejan mucho la actual situación a ese pasado funesto.

miércoles, 20 de mayo de 2009


Con Ricardo Alfonsin en su visita a Quilmes el 10 de abril de 2009

martes, 19 de mayo de 2009


¿Sabes quiés es Ricardo Sánchez?



…. Como Presidente de la U.C.R. de Quilmes fue el único que recibió el reconocimiento de la derrota de un Intendente Justicialista en ejercicio….(26 de Octubre de 1997, foto del Diario El Sol de Quilmes)
Currículum Vitae:

http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_doc_curr.asp?codcar=1&carr=&depto=8&idmat=17&idcat=44&mat=Derecho%20Internacional%20Público&cat=Mónica%20Pinto&iddoc=1058&catdoc=Ayudante%201°&matestud=0